CSIF detecta irregularidades en los procesos de promoción interna de inspectores y subinspectores de la Policía Municipal de Valladolid
CSIF ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid una investigación "rigurosa, independiente y transparente" sobre los recientes procesos selectivos de promoción interna para cubrir plazas de Inspector y Subinspector de la Policía Municipal, así como la depuración de responsabilidades y una explicación pública sobre las decisiones adoptadas por los tribunales calificadores. El sindicato sostiene que se aplicaron criterios diferentes en dos procesos con bases sustancialmente idénticas, y además cuestiona la referencia a una supuesta sentencia del Tribunal Supremo utilizada para justificar el cambio de criterio.
La polémica surgió después de que varios aspirantes denunciaran públicamente lo ocurrido y solicitaran explicaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Por ello, CSIF ha solicitado toda la documentación de los expedientes, junto a sus documentos electrónicos asociados, "incluidas las actas firmadas del tribunal calificador, anexos, hojas de valoración, convocatorias y antecedentes formalmente incorporados al procedimiento". Desde el sindicato consideran "inadmisible" que se hayan aplicado criterios diferentes en procesos selectivos con unas bases sustancialmente idénticas y cuestiona que el cambio de criterio adoptado por el Tribunal Calificador se haya fundamentado en una sentencia del Tribunal Supremo, que según sus comprobaciones, no ha podido ser localizada.
Según la información minuciosamente analizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, las irregularidades en ambos procesos se han ido sucediendo una tras otra. "El procedimiento comenzó aplicando lo establecido en el TREBEP para este tipo de procesos y respetando el límite máximo de 25 folios fijado en las bases para la presentación de la memoria profesional. De hecho, cinco aspirantes fueron inicialmente excluidos del ejercicio oral en el proceso de Subinspector por superar dicha extensión. Sin embargo, al día siguiente, el mismo Tribunal Calificador aplicó un criterio diferente en el proceso de Inspector, cuyas bases son sustancialmente idénticas, y permitió realizar la prueba oral a aspirantes que también habían superado el límite establecido en la convocatoria", ha explicado CSIF.
Posteriormente, según explican desde el sindicato independiente en un comunicado, las personas que habían sido excluidas inicialmente en el proceso de Subinspector fueron nuevamente convocadas y tuvieron una segunda oportunidad para realizar una prueba que el resto de aspirantes ya había efectuado. Para CSIF, esta sucesión de decisiones resulta difícilmente compatible con la legalidad del proceso, la igualdad de trato y la imparcialidad, al no haberse aplicado de forma uniforme las bases de las convocatorias. El sindicato ha subrayado, además, que el cambio de criterio se produjo cuando ya era conocida la identidad de las personas afectadas, una circunstancia, que a su juicio, hace necesaria "una explicación pública, completa y documentada".
Una justificación jurídica que CSIF cuestiona
La situación se complica, según el sindicato, por la justificación jurídica empleada para respaldar el cambio de criterio. La Resolución del Órgano de Selección de 4 de agosto de 2026 habría recurrido a una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2022, correspondiente al recurso de casación número 1823/2019. CSIF ha asegurado que ha realizado comprobaciones en la base oficial del Centro de Documentación Judicial y en otros repertorios jurisprudenciales sin localizar ninguna resolución que coincida con esos datos y que esté relacionada con procesos selectivos, memorias profesionales o límites de extensión de ejercicios.
Asimismo, desde CSIF también han recordado que las decisiones de un Tribunal Calificador afectan a los derechos y a la carrera profesional de los empleados públicos, y que por ello, deben estar debidamente motivadas, ajustarse a las bases y apoyarse en referencias jurídicas auténticas, verificables y aplicables al caso. "La revisión de todas las actas es clave para esclarecer el motivo de esta sucesión de disparates", ha advertido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que reclama igualmente el análisis de los informes, comunicaciones, documentos y antecedentes relacionados con las decisiones adoptadas.
Por todo ello, el sindicato considera que el Ayuntamiento debe actuar para evitar que aumenten los perjuicios ocasionados a los aspirantes y reclama la depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder. Finalmente, la organización sindical tampoco descarta acudir a los tribunales y ya ha avanzado que analizará toda la documentación solicitada al Consistorio vallisoletana para determinar el alcance de las actuaciones denunciadas, y en función de sus conclusiones, emprenderá las acciones judiciales que considere necesarias en "defensa de los derechos de los aspirantes".