La Audiencia Nacional inadmite el recurso del Ayuntamiento contra la nueva estación de tren y el equipo de Gobierno lo recurrirá
La Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la aprobación técnica del proyecto de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande, una actuación impulsada por Adif Alta Velocidad. Según ha informado el Grupo Municipal Socialista, la resolución del Tribunal Central de Instancia confirma la decisión de Adif Alta Velocidad de continuar con la tramitación del proyecto al no apreciar motivos para admitir el recurso interpuesto por el Consistorio.
Al respecto, el PSOE provincial considera que la sentencia dictada por el Tribunal Central de Instancia supone un "severo revés" para el intento del equipo de Gobierno de Carnero de "bloquear judicialmente la construcción de la nueva estación de Valladolid". La sentencia no entra a valorar las alegaciones urbanísticas planteadas por el Ayuntamiento de Valladolid, sino que basa la inadmisión en un defecto relacionado con la preparación y autorización de las acciones judiciales. En concreto, el fallo considera que no quedó debidamente acreditado el preceptivo asesoramiento jurídico previo exigido para este tipo de procedimientos.
Asimismo, la resolución hace referencia a la documentación aportada durante el proceso y cuestiona la justificación ofrecida por el Ayuntamiento de Valladolid sobre la ausencia de firma electrónica en uno de los informes jurídicos, circunstancia que el Consistorio había vinculado al apagón eléctrico del pasado 28 de abril de 2025. Según recoge la sentencia, el único documento con firma electrónica reconocida está fechado en febrero de 2026, cuando el procedimiento judicial ya se encontraba avanzado. El recurso municipal solicitaba la anulación de la aprobación técnica del proyecto acordada por Adif el 31 de diciembre de 2024.
Reacciones desde la oposición
Tras conocerse la resolución, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, aseguró que el fallo supone un "revés para la estrategia del equipo de Gobierno municipal", y defendió que el Ayuntamiento debería centrarse en favorecer la llegada de inversiones a la ciudad. "Mientras otras ciudades reclaman inversiones ferroviarias, Carnero utiliza los recursos del Ayuntamiento para intentar paralizar una actuación de casi 250 millones de euros", afirmó. Además, Herrero sostuvo que Valladolid "necesita cooperación institucional, planificación y ambición" para sacar adelante proyectos estratégicos. Asimismo, la sentencia, fechada el 28 de julio de 2026, no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de 15 días.
Por su parte, desde Valladolid Toma la Palabra han celebrado la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el recurso del Ayuntamiento contra la construcción de la nueva estación de tren. La portavoz de la formación de izquierdas, Rocío Anguita, ha considerado que la sentencia evidencia la "falta de proyecto" del equipo de Gobierno de PP y Vox y le ha acusado de obstaculizar inversiones estratégicas para la ciudad. Además, desde VTLP han vuelto a reclamar al alcalde Jesús Julio Carnero, que abandone la "política del bloqueo" y apueste por proyectos que favorezcan el desarrollo económico y la movilidad de Valladolid.
El Ayuntamiento recurrirá la inadmisión del recurso
Desde el Ayuntamiento de Valladolid ya han anunciado en el mismo día que se ha conocido la resolución que recurrirán ante la Audiencia Nacional la sentencia que inadmite el recurso presentado contra la aprobación del proyecto de remodelación de la estación de Campo Grande. El Consistorio destaca que "el fallo no entra a valorar el fondo del asunto y basa la inadmisión en una cuestión formal, al considerar que no quedó suficientemente acreditada la existencia del informe jurídico previo necesario antes de autorizar la interposición del recurso".
Asimismo, el Consistorio vallisoletano ha subrayado que la sentencia sí avala la competencia de la Junta de Gobierno para acordar las acciones judiciales. Desde el Ayuntamiento sostienen que existían informes jurídicos, tanto interno como externo, que respaldaban la viabilidad del recurso y considera que la decisión "es desproporcionada al impedir que se analice el fondo del proyecto por un defecto documental".
