Indemnizan con 84.000 euros a la familia de una paciente fallecida tras una intervención en el Río Hortega
La Junta de Castilla y León ha indemnizado con más de 84.000 euros a los hijos de una paciente fallecida tras una intervención en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid al no poder acreditar qué ocurrió durante el procedimiento debido a la ausencia de registros en la historia clínica. La Consejería de Sanidad ha estimado la reclamación de responsabilidad patrimonial al considerar que la falta de documentación sobre la sedación, la monitorización y las maniobras de reanimación impide verificar si la asistencia sanitaria se ajustó a la 'lex artis'.
La paciente, de 64 años, fue trasladada en julio de 2022 desde el Hospital Universitario de Burgos al Río Hortega para someterse a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una técnica utilizada para tratar enfermedades de las vías biliares. Durante la intervención sufrió una desaturación de oxígeno que obligó a suspender la prueba. Posteriormente fue intubada, trasladada a Reanimación y sufrió una parada cardiorrespiratoria que le provocó una encefalopatía anóxica. Permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento en octubre de ese mismo año.
No consta documentación en la historia clínica
Según la resolución administrativa, no consta en la historia clínica documentación relativa a la sedación, la monitorización, la evolución intraoperatoria ni las maniobras de reanimación practicadas. Esta falta de registros impide comprobar si la actuación sanitaria se ajustó a la 'lex artis', circunstancia que la Administración considera que "juega en su contra" al resolver la reclamación, han explicado desde La Asociación El Defensor del Paciente.
El expediente también recoge que las anotaciones incorporadas a la historia clínica fueron realizadas una vez producido el fallecimiento e iniciado el procedimiento de reclamación patrimonial. La defensa de la familia ha sido asumida por el abogado Santiago Díez, colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente. El letrado considera que la resolución supone un "precedente relevante", al entender que, cuando la Administración dispone de la documentación sanitaria y esta resulta inexistente o insuficiente, "debe asumir las consecuencias derivadas de esa falta de prueba".
La sedación sin anestesiólogo
El caso también pone el foco sobre la sedación utilizada durante la intervención. Según ha expuesto la asociación, la paciente había sufrido un episodio previo de desaturación durante otra endoscopia realizada en 2019, un antecedente que, a su juicio, "aconsejaba la presencia de un anestesiólogo" durante la CPRE de 2022. La entidad ha asegurado además que el uso de propofol en este tipo de procedimientos "continúa siendo objeto de debate entre distintas sociedades científicas".
La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha afirmado que "la resolución evidencia la importancia de la historia clínica como garantía jurídica tanto para los pacientes como para la propia Administración, al considerar que la falta de documentación puede resultar decisiva en la resolución de reclamaciones por responsabilidad patrimonial".
