Los 33 medios demandantes desmienten un acuerdo con el PSOE para la Ley de Publicidad Institucional y ratifican su recurso judicial
Los 33 medios de comunicación pertenecientes a las 29 empresas informativas de Castilla y León que han llevado a los tribunales la modificación de la Ley de la Publicidad Institucional, aprobada en julio y que limita al 33% los ingresos que un medio puede recibir de publicidad institucional de las administraciones públicas de la Comunidad, han expresado su estupor ante el comunicado de prensa publicado ayer por el Grupo Socialista en las Cortes autonómicas. En dicho escrito, el PSOE de Castilla y León anunciaba el registro de una reforma de la Ley de Publicidad Institucional para limitar el tope del 33% solo a la Junta, y además hizo alusión al cumplimiento de un supuesto acuerdo que habrían alcanzado con los medios de comunicación.
La totalidad de medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, cuando exponen que el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a las elecciones autonómicas, Carlos Martínez, "cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa". En este sentido, la treintena de medios de las nueve provincias insisten en que no se ha producido ninguna reunión de trabajo, ni contacto sectorial alguno, y tampoco ningún acuerdo durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley aprobada en julio. La nueva modificación de esta Ley que plantea ahora el PSOE, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a los medios a recurrir a la vía judicial para su anulación. Y es que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y además contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.
Es por ello que el colectivo de medios informativos que han recurrido vía judicial la nueva Ley de Publicidad Institucional ha reafirmado la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma, mientras también avanza la demanda por inconstitucionalidad.
