La Junta recurrirá el nuevo reparto de menores extranjeros no acompañados que asigna 833 plazas a Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá el nuevo Real Decreto del Gobierno sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados. Se trata del Real Decreto 556/2026 de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que ha asignado a Castilla y León una capacidad de 833 menores.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que seguirá manteniendo una "posición firme frente a la política que el Gobierno de España quiere impulsar en materia de menores extranjeros no acompañados". Desde la Junta consideran que el Gobierno central "vuelve a actuar de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades y sin respetar las competencias que corresponden a cada comunidad en materia de protección de menores". El Gobierno de Castilla y León también ha indicado hoy que "la capacidad ordinaria del sistema vuelve a fijarse atendiendo a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio, lo que dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección".
Además, desde el Gobierno autonómico han señalado en un comunicado que teniendo en cuenta que por Real Decreto de 26 de agosto de 2025 "ya se fijó un número de menores que fue de 783, y que también está impugnado", al tiempo que han manifestado que "el incremento asignado carece de una justificación objetiva".
"Falta de proporcionalidad" y "desconocimiento"
Mientras que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72% entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores asignados aumenta un 6,38%, pasando de 783 a 833, una diferencia que para la Junta "evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León". Por todo ello, los Servicios Jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que lidera el vicepresidente Carlos Pollán, interpondrán en los próximos días el correspondiente recurso contra la norma publicada, con el objetivo de "defender las competencias de Castilla y León y garantizar un sistema de protección adecuado".
