El TSJ declara "nula" la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por no ser conforme al "ordenamiento jurídico"
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado "nula" la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por no ser conforme con el ordenamiento jurídico y condena a costas a la parte demandada, que en este caso, es el Ayuntamiento vallisoletano, gobernado por PP y Vox. El fallo judicial reconoce el recurso presentado por la recurso de la Asociación Liberum y tumba la Zona de Bajas Emisiones, por haberse aprobado el proyecto en Junta de Gobierno y en el Pleno a la vez que la Ordenanza.
En primer lugar, la asociación demandante ha celebrado el fallo del TSJ como "una gran noticia para todos los ciudadanos de Valladolid". "El tesón es nuestra mejor arma. Han tardado, pero el resultado es magnífico", han expresado desde Liberum. La sentencia con fecha del 16 de marzo estima la demanda interpuesta contra la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, que fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento el 28 de octubre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de noviembre de 2024.
En este auto, el Alto Tribunal de Castilla y León, afirma que dicha ZBE por "no ser conforme con el ordenamiento jurídico, se declara nula". Asimismo, el TSJ aclara que cabe recurso de casación ante el Supremo en un plazo de 30 días. Ante esta noticia que se ha conocido a última hora de este martes, tanto el Grupo Municipal Socialista, Valladolid Toma la Palabra, como el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, han reaccionado a la misma.
PSOE: "Es una gravísima negligencia"
En primer lugar, desde el PSOE han denunciado la "gravísima negligencia" con la que el equipo de gobierno de PP y Vox ha gestionado la ZBE, "una actuación marcada desde el principio por el retraso, la falta de transparencia, la improvisación y la ausencia de una verdadera voluntad de proteger la salud de la ciudadanía". Los socialistas han criticado que "lejos de diseñar una ZBE eficaz, ambiciosa y alineada con los objetivos de sostenibilidad y salud ambiental que exigen las ciudades del siglo XXI, PP y Vox optaron por reducirla a la mínima expresión, vaciándola de contenido y desnaturalizando su finalidad".
Además, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha recordado que en el pasado mes de octubre "ya advertimos que la ordenanza impulsada por el equipo de Gobierno ni protegía adecuadamente la salud ni aportaba certezas al tejido económico y comercial de la ciudad. Aquel texto llegó tarde, tras más de un año de parálisis y oscurantismo, y fue tramitado sin la transparencia exigible en una decisión que afecta de manera directa a vecinos, comerciantes y conductores". Asimismo, para el PSOE, esta resolución judicial es "un varapalo" que certifica "un fracaso".
La anulación de la ordenanza por no ajustarse al ordenamiento jurídico y por carecer, según recoge la sentencia, de un proyecto previo válido, "sitúa al Ayuntamiento ante una crisis política y administrativa de enorme envergadura". "Las posibles consecuencias son evidentes, queda en cuestión la cobertura legal con la que se ha venido aplicando la ZBE, se abre un escenario de enorme incertidumbre sobre miles de expedientes y sanciones tramitadas", ha denunciado Herrero.
Reacciones desde VTLP
Valladolid Toma la Palabra ha reclamado al equipo de Gobierno de PP y Vox que actúe "de forma inmediata" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. La portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha subrayado que la situación es "crítica" ya que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una Zona de Bajas Emisiones en vigor: "Si no la tenemos, vamos a tener que devolver muchos fondos europeos que hemos conseguido precisamente por cumplir con esta norma".
La portavoz de VTLP ha señalado que más allá de si el equipo de Gobierno decide recurrir la sentencia o no, la prioridad debe ser garantizar que Valladolid disponga de una ZBE legal cuanto antes. "En este momento necesitamos que la Zona de Bajas Emisiones esté en vigor y sea legal. El equipo de gobierno tiene que arreglar esta situación y tiene que hacerlo de forma inminente", ha insistido.
El Ayuntamiento suspenderá las multas
Ante esta situación, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, se refirió a la sentencia del TSJ como "una cuestión puramente formal" y ha defendido que "el Ayuntamiento de Valladolid ha cumplido con los requisitos que eran necesarios". En relación a la sentencia, Gutiérrez Alberta ha anunciado que el Consistorio vallisoletano interpondrá un recurso de casación, ya que "nuestros servicios jurídicos entienden que es necesario mantener nuestra postura".
En segundo lugar, el edil del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid ha explicado "las sanciones efectivas que se han venido produciendo hasta el momento son firmes", que a fecha del 9 de febrero "los ingresos del Ayuntamiento por la Zona de Bajas Emisiones eran de 682.000 euros". Asimismo, Alberto Gutiérrez ha asegurado que el sistema sancionador sigue siendo "plenamente efectivo", aunque ha aclarado que se suspenderán las multas.
Además, el concejal de Movilidad ha indicado que "por órdenes del alcalde" se va a convocar de manera "inmediata" en el día de hoy el Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones para "analizar cuál es la situación derivada de esta sentencia", y ha adelantado que van a "plantear una moción en el próximo Pleno municipal en la que vamos a trasladar la inejecutividad de los procedimientos sancionadores en el futuro".
Todo ello, ha defendido, con el objetivo de que "se inicien los procedimientos tanto jurídicos como técnicos que nos permitan dejar de establecer sanciones en el momento más corto posible en relación con las personas que estén vulnerando la ordenanza actual de la Zona de Bajas Emisiones", ha asegurado.