El Ayuntamiento planteará tres vías para abordar la ZBE de Valladolid: recurrir la anulación, nueva ordenanza y suspensión de las sanciones
La Zona de Bajas Emisiones de Valladolid ha centrado la actualidad del Pleno municipal del mes de marzo. Jesús Julio Carnero ha anunciado una estrategia basada en tres líneas de actuación para abordar la situación de la ZBE tras la reciente sentencia judicial que cuestiona su validez por un defecto formal. Durante su intervención, el alcalde de Valladolid ha subrayado que el Ayuntamiento no comparte el fallo y ha confirmado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo.
"Vamos a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo porque no estamos de acuerdo con ella", ha afirmado el primer edil durante su intervención en la sesión plenaria, defendiendo que el defecto señalado "no existe". Asimismo, Jesús Julio Carnero ha recalcado que mientras se tramita dicho recurso, la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid "sigue vigente", aunque el equipo de Gobierno no se limitará a esta vía. "No nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a operar en dos ámbitos más", ha explicado el regidor de la capital.
Tres líneas de actuación
Así, Carnero ha aprovechado el Pleno de este lunes 30 de marzo para plantear tres propuestas en las que ya está trabajando el Ayuntamiento. En primer lugar, el Consistorio recurrirá la sentencia con el objetivo de defender la legalidad de la actual ZBE. Esta acción busca revertir la anulación dictada por "motivos formales" y mantener el marco normativo vigente. De forma paralela, se impulsará una nueva ordenanza adaptada al contexto normativo actual. El alcalde ha destacado que la regulación de las zonas de bajas emisiones está "en constante evolución", por lo que la futura normativa incorporará los criterios más recientes establecidos por otras administraciones y órganos jurisdiccionales.
"Estamos ante una norma jurídica en construcción", expresó. Como tercera línea, el alcalde ha incidido en la urgencia de articular una solución legal que permita dejar de imponer sanciones de manera inmediata, siempre respetando el principio de legalidad y asegurando la correcta gestión de las ayudas europeas vinculadas a la ZBE. "Los servicios jurídicos saben de la urgencia para que dejemos de imponer sanciones", ha remarcado. Asimismo, Jesús Julio Carnero ha insistido en que el equipo de Gobierno de PP y Vox ya trabaja simultáneamente en estas tres vías y ha rechazado cualquier inacción.
"No estamos ni de brazos cruzados ni pensando en dejar pasar el tiempo. Venimos trabajando en estas tres líneas de recurso, nueva zona de bajas emisiones y garantía jurídica que permita dejar de sancionar ya". Finalmente, el alcalde ha apelado a la responsabilidad institucional y al respeto de los procedimientos legales: "En la vía de hecho trabajan otros; nosotros actuamos con seguridad jurídica".
La oposición critica la gestión del equipo de Gobierno
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha reprochado a Carnero su "mala gestión" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el equipo de Gobierno: "Usted ha creado el problema, pero no lo quiere resolver. Han presentado una moción ambigua adrede porque no están proponiendo suspender sanciones. Están proponiendo estudiar si algún día las suspenden, que no es lo mismo". "Están jugando con la salud, con el dinero y con la paciencia de los vecinos", ha añadido el portavoz socialista Pedro Herrero.
Además, el líder de los socialistas en el Consistorio ha instado al alcalde a resolver hoy mismo, "sin excusas", el problema que ha creado porque el equipo de Gobierno ha actuado "sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública". Desde, Valladolid Toma la Palabra, a través de su portavoz Rocío Anguita, han asegurado que "esta decisión mantiene a la ciudad en un limbo legal que afecta directamente a la salud de las vecinas y vecinos y pone en riesgo más de 13 millones de euros de fondos europeos destinados a movilidad sostenible y mejoras urbanas".
La portavoz de VTLP apuntó que la ZBE es una obligación legal para ciudades de más de 50.000 habitantes y que su incumplimiento tiene "consecuencias graves", tanto sanitarias como económicas: "La contaminación del aire en Valladolid provoca decenas de muertes prematuras cada año y afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, como personas mayores y niñas y niños. Además, la suspensión de sanciones y la falta de claridad normativa ponen en peligro la inversión de fondos europeos ya concedidos para mejorar la movilidad sostenible y el espacio público".