La Junta aprueba un paquete de medidas por 287 millones para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles un total de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos, con un impacto total estimado en 286,7 millones de euros para hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y los insumos básicos, lo que incrementa los costes de producción para empresas y autónomos, agricultores, ganaderos y familias. Este documento está abierto y se podrá ir adaptando con flexibilidad a la evolución del escenario económico. Así, tal y como ha indicado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en cuanto a las medidas de financiación a los sectores empresariales se van a destinar 113 millones de euros, todo ello con el objetivo de paliar los cambios extraordinarios en las variables del mercado y los incrementos energéticos.
Por ello, en este apartado se han diseñado las líneas de apoyo de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia; financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia; financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia; fondo Internacionalización para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización de hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia y con un tipo de interés máximo del 1,5%.
Además, se busca la ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos; renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados; incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros lo que permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos; incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.
En cuanto a las medidas para favorecer la empleabilidad, la Junta destinará 7 millones de euros, de cara al impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial; para la atracción y fidelización del talento se plantea el refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno; incentivos al empleo en sectores estratégicos con un incremento de la contratación por cuenta ajena vinculada a sectores estratégicos y en sectores especialmente afectados por la crisis.
Ayudas para transporte y familias vulnerables
En el apartado tres relativo a las medidas para reforzar el transporte colectivo de viajeros se cuenta con 5 millones de euros, que va a permitir el refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles; y el incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes. Mientras que el apartado del apoyo a familias vulnerables, dotado con un millón de euros, se procederá a la activación en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.
Para la reducción de la fiscalidad autonómica en aplicación del Real Decreto-Ley de 20 de marzo se van a destinar 117,4 millones de euros. Del Impuesto Especial sobre Electricidad, la recaudación de este impuesto está íntegramente cedida a las comunidades autónomas según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%. El impacto tributario se estima en 24,1 millones, que recaerá íntegramente en la Junta de Castilla y León. Para el Impuesto sobre el Valor Añadido del IVA, el 50% de la recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley reduce del 21% al 10% el tipo impositivo del IVA aplicable a la electricidad, hidrocarburos, gas natural, briquetas y pellets. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 52,2 millones.
Para el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos, la recaudación del 58% del tipo estatal general y del 100% del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica. El Real Decreto-Ley aprueba la reducción de los tipos impositivos del impuesto sobre hidrocarburos hasta el máximo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. La menor recaudación derivada de esta medida para la Junta de Castilla y León se estima en 41,1 millones. El impacto tributario total por la menor recaudación en Castilla y León del RDL 7/2026 es de 191,2 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, de los cuales 117,4 millones de euros (34,9 mensuales) suponen una merma de ingresos para la Junta de Castilla y Léon, lo que representa el 61 % de la rebaja fiscal, y 73,8 millones de euros, un 39 % del total es la reducción fiscal que asume el Estado, según las reglas del sistema de financiación autonómica.
Ayudas para ahorro energético
El sexto apartado, de medidas para la eficiencia y el ahorro energético, dotado con 33,3 millones, habrá una línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, que tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial; línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León. Esta línea persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario; implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad; promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM o la mesa intersectorial de la madera.
Otras medidas fomentarán el impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona; fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética; impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos con la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO2, el ahorro económico para administraciones y usuarios, la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local; o la bonificación del 100% del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.
El último apartado, en lo relativo a medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, dotado con 10 millones, irán enfocados a asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, se impulsará la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio; puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos; o solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.
