Castilla y León aprueba ayudas extraordinarias para la recuperación de las zonas afectadas por las recientes inundaciones de febrero
La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y a iniciativa conjunta de las Consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, un conjunto de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones registradas este mes febrero de 2026.
Las sucesivas borrascas de alto impacto que atravesaron la Península Ibérica provocaron nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, generando un aumento significativo del caudal de numerosos ríos y el desbordamiento de sus cauces, con afecciones de especial intensidad en diversos municipios de Castilla y León. Estas circunstancias obligaron a activar las distintas situaciones operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. De esta manera, el acuerdo aprobado hoy por la Junta contempla un total de diez ejes de actuación.
Entre ellas la reparación de daños en sedes y edificios municipales, así como en la maquinaria destinada a servicios municipales; reparación de daños en viviendas; reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos; reposición de contenedores e infraestructuras necesarias para la gestión de residuos domésticos; retirada de escombros, troncos y demás materiales; actuaciones en materia del ciclo del agua de abastecimiento, depuración y saneamiento; ayudas a autónomos y pymes para facilitar la reanudación de su actividad; ayudas a ayuntamientos para la contratación de personal; ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTES; y ayudas dirigidas a la promoción del sector comercial en municipios afectados.
De conformidad con la normativa vigente, los expedientes vinculados a la recuperación de las zonas afectadas se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en la legislación administrativa común y, dada la naturaleza catastrófica de los hechos, los contratos derivados se gestionarán por el procedimiento de emergencia. Las ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de las que procedan en materia de seguros y de las que puedan corresponder por disposiciones de la Administración General del Estado. Así, la Junta establece un marco de actuación inmediata y coordinada para favorecer la recuperación progresiva de la normalidad en los municipios afectados.
