Okupas de Arroyovereda

Nuevo operativo contra los enganches ilegales de luz y agua en la urbanización okupada de Arroyovereda

Enganches ilegales en la urbanización okupada de Arroyovereda
Los técnicos de empresas de agua y electricidad se han desplazado junto a la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo a la comunidad Arroyovereda, donde descubrieron 20 enganches ilegales en las viviendas de la Sareb

Un amplio dispositivo formado por una veintena de agentes de la Policía Local de Arroyo y de la Guardia Civil de Valladolid han participado este martes 16 de junio en un nuevo operativo contra el fraude de agua y electricidad en la urbanización okupada de Arroyovereda. Durante la intervención, se han detectado hasta 20 enganches ilegales, todos ellos en viviendas propiedad de la entidad Sareb.

Esta nueva inspección se inició a primera hora de la mañana de este martes tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estas viviendas ubicadas en la calle Narciso Monturiol de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Personal técnico de las empresas gestoras del suministro de agua y electricidad se desplazaron a la comunidad, y una vez allí procedieron a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas, acompañados en todo momento por las agentes policiales para evitar problemas de orden público o represalias.

La Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo trabajaron de manera coordinada para dar seguridad a los trabajadores de ambas empresas durante las inspecciones e identificar a los moradores de las viviendas afectadas por la presunta comisión de un delito de defraudación. En concreto, los técnicos descubrieron 15 enganches ilegales de agua, además de otros siete casos en los que había impago reiterado de facturas. En el caso de la electricidad, se han detectado cinco enganches.

Los agentes están investigando a los moradores de las viviendas enganchadas, algunos de ellos reincidentes, por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido. De hecho, algunos de ellos son inquilinos con contrato de alquiler de la Sareb ,y en los que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.