Denuncian por vía penal al alcalde de Laguna de Duero y una concejala por mantener una subida salarial anulada por la justicia

El Grupo Socialista de Laguna de Duero ha interpuesto una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid contra el alcalde de la localidad, Avelino Álvarez, y la concejal de Régimen Interior, Virginia Arronte, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave a la autoridad judicial. Así lo ha anunciado el PSOE de Laguna de Duero en la mañana de este lunes en un comunicado, en el que detallan que la acción judicial responde "a la decisión del equipo de Gobierno de mantener una subida salarial que ha sido declarada nula de pleno derecho por la justicia".

En octubre de 2024, el Gobierno de Laguna de Duero aprobó una subida salarial "encubierta" a través del II Plan de Igualdad, a pesar de que los informes técnicos confirmaban, según han denunciado los socialistas, "la inexistencia de brecha de género salarial y de contar con el reparo de la Intervención Municipal por falta de consignación presupuestaria". Ya en marzo de 2025 tras un recurso de la Abogacía del Estado, un juez dictó auto de suspensión cautelar que obligaba al Ayuntamiento de Laguna de Duero a paralizar los pagos.

El equipo de Gobierno "no acató" la orden judicial

Sin embargo, según denuncian desde el Partido Socialista Obrero Español, el equipo de Gobierno formado por Partido Popular, Independientes por Laguna y Vox "no acató la orden judicial y ha continuado efectuando los pagos y levantado los reparos de la intervención municipal, tal y como nos dio traslado a preguntas registradas por nuestro grupo". Asimismo, en noviembre del pasado año 2025, la justicia "ratifica la ilegalidad mediante la Sentencia 227/2025, declarando la nulidad de pleno derecho del acuerdo", han recordado los socialistas.

En este sentido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Laguna, Yolanda Lanza, ha denunciado que "lejos de acatar las resoluciones judiciales, los denunciados han actuado con absoluto desprecio a la autoridad judicial, permitiendo la salida indebida de fondos públicos de las arcas municipales". A juicio de la portavoz del PSOE, existe una "reincidencia en el fraude" ya que solo 14 días después de la sentencia de nulidad, el equipo de Gobierno "intentó tramitar un nuevo expediente bajo el mismo fondo ilegal". 

"Voluntad de saltarse la ley"

"Nos encontramos ante una voluntad deliberada de saltarse la ley y ningunear a los tribunales. El alcalde de Laguna de Duero lleva un año desobedeciendo a los jueces para gastar un dinero que pertenece a los vecinos del municipio", ha manifestado Lanza. "Nuestra responsabilidad y obligación, es poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier acto que esté fuera de la legalidad, por higiene democrática. Nadie está por encima de la ley. La gestión de los fondos públicos debe ser transparente y ajustada a la legalidad vigente", ha concluido la socialista.

Repuesta de Vox

Desde Vox Laguna de Duero, formación de la concejala Virginia Arronte que ha sido denunciada, han emitido un comunicado donde aseguran las acusaciones del PSOE "no responden a la verdad, entorpecen la gestión municipal y generan un clima de confrontación innecesario". "Nos encontramos ante una actuación claramente partidista, basada en acusaciones sin fundamento y con un evidente objetivo político, generar ruido mediático y confusión entre los ciudadanos. Este tipo de estrategias no buscan esclarecer la verdad ni defender el interés general, sino desgastar al adversario mediante titulares y sospechas infundadas", ha expresado Vox en su escrito.

"Consideramos especialmente grave que se utilicen las instituciones y la exposición pública para continuar con esa dinámica reiterada durante toda la legislatura de descalificaciones, insinuaciones y una preocupante falta de respeto institucional, tratando de amplificar mensajes, que a nuestro juicio, buscan más la confrontación, el señalamiento, la deslegitimación del adversario y la distorsión de la realidad política municipal, en lugar de la defensa del interés general", sostuvieron. Asimismo, desde Vox han querido dejar claro que "no se ha incumplido ninguna decisión judicial y que no es ilegal ni ilegítimo el uso de las acciones judiciales para la defensa de los intereses municipales".