El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Castilla y León contra el decreto de regularización de inmigrantes
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno para realizar un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. El recurso fue registrado el pasado 5 de junio por los Servicios Jurídicos de la Comunidad, dentro del plazo legal establecido, y la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acordó su admisión mediante una diligencia fechada el 22 de junio.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León". Entre los principales argumentos del recurso, la Junta cuestiona la dimensión del proceso extraordinario de regularización, que considera "sin precedentes". En este sentido, ha recordado que las primeras previsiones del Gobierno situaban el número de posibles beneficiarios en torno a las 500.000 personas, aunque las cifras más recientes elevan esa cifra hasta cerca de 1,1 millones, sin que a juicio del Ejecutivo autonómico, se haya evaluado el impacto de una medida de este alcance.
El Gobierno autonómico también sostiene que el decreto rompe con los criterios que habían marcado anteriores procesos de regularización en España, al eliminar requisitos como la acreditación de residencia efectiva, arraigo o actividad laboral. Además, desde la Junta de Castilla y León han criticado que "se flexibilicen los mecanismos para demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas, especialmente en lo relativo a la presentación de antecedentes penales".
Falta de participación de las comunidades
Otro de los aspectos que centra el recurso es la falta de participación de las comunidades autónomas en la elaboración de la norma. Desde el Ejecutivo autonómico consideran que administraciones como la Junta de Castilla y León, responsables de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "deberían haber sido consultadas por el impacto que la medida puede tener sobre estos ámbitos". Asimismo, el recurso plantea dudas sobre la "compatibilidad" del Real Decreto con el marco de la Unión Europea en materia de política migratoria y control de fronteras, al considerar que "un proceso extraordinario de estas características podría contravenir los principios de gestión ordenada de los flujos migratorios".
La Junta recuerda además que el Tribunal Supremo ya rechazó el pasado mes de mayo la suspensión cautelar del decreto solicitada en otros recursos. No obstante, el alto tribunal continúa analizando nuevas peticiones presentadas por otras comunidades autónomas y estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adecuación de la norma al derecho comunitario. Con la admisión a trámite, el procedimiento judicial continúa su curso y será una vez que el Estado remita el expediente administrativo cuando la Junta desarrolle de forma completa los argumentos jurídicos en los que basa su impugnación.