Pollán implantará la "prioridad nacional" en las ayudas sociales: "Que Castilla y León sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo"

La Junta de Castilla y León ha presentado este lunes las principales líneas de actuación de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirige el vicepresidente primero, Carlos Pollán. Entre las principales novedades figuran la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa en la Administración autonómica, el pago del Bono Nacimiento en un único abono, la ampliación del Bono Infantil y una revisión de los criterios para conceder las ayudas sociales inspirada en el principio de "prioridad nacional".

Durante su comparecencia en las Cortes autonómicas, Carlos Pollán defendió que el Ejecutivo autonómico gobernará "para todos los castellanos y leoneses", y aseguró que uno de los objetivos será combatir lo que calificó como el "monstruo voraz de la hiperregulación", mediante medidas destinadas a simplificar los trámites administrativos. En este ámbito, anunció que la Junta impulsará la eliminación de la cita previa obligatoria, fomentará el uso del silencio administrativo positivo y potenciará la declaración responsable y la comunicación previa para reducir cargas burocráticas tanto a ciudadanos como a empresas.

En materia de Familia, el vicepresidente adelantó que el Bono Nacimiento incrementará progresivamente su cuantía en función de la renta y del número de hijos, y como principal novedad, dejará de abonarse en dos pagos para entregarse íntegramente en un único ingreso. Además, el Gobierno autonómico mantendrá el Bono Concilia para familias con menores de tres años y ampliará el alcance del Bono Infantil elevando los umbrales de renta para que pueda llegar a un mayor número de beneficiarios. Otro de los anuncios pasa por reforzar las políticas de conciliación a través del programa Conciliamos y mantener iniciativas como Madrugadores y Tardes en el Cole.

Cambios en las ayudas sociales y en la política migratoria

Uno de los ejes de la nueva Consejería será la revisión de los criterios de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, que según avanzó Pollán, se inspirarán en el principio de "prioridad nacional", pero "siempre adecuado a la legalidad vigente". En este sentido, ha trasladado que la prioridad nacional igualmente ha de servir como "principio informador de la política migratoria". "Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo. No es cierto que España tenga una deuda contraída con ningún país por haber exportado emigrantes en el pasado. En el improbable caso de que así fuera, hace tiempo habríamos saldado la deuda. Y con creces”, ha remarcado Pollán.

Asimismo, el vicepresidente primero anunció que la Junta solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas forenses para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados cuando existan dudas, con el objetivo de "evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios". En el ámbito migratorio, reiteró el rechazo del Ejecutivo autonómico a los mecanismos de reparto de inmigrantes impulsados por el Gobierno central y avanzó que "no se abrirán nuevos centros de acogida de inmigrantes irregulares durante la legislatura". También anunció la supresión de subvenciones y convenios con entidades, que según afirmó favorezcan la inmigración ilegal. "Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada", aseguró Carlos Pollán.

Apoyo a jóvenes y ambios en la política de adicciones

Entre las medidas anunciadas también figura el refuerzo del programa de acogimiento familiar y nuevas actuaciones dirigidas a facilitar la formación y la inserción laboral de los jóvenes para favorecer que desarrollen su proyecto de vida en Castilla y León. Además, la Junta de Castilla y León cambiará la denominación del actual Comisionado Regional para la Droga, que pasará a llamarse Comisionado para las Adicciones, y actualizará la normativa para incluir nuevas formas de adicción, como las relacionadas con el uso problemático de las pantallas y otras adicciones sin sustancia.

Por último, Pollán avanzó que se reforzarán la seguridad y el funcionamiento interno de los centros de menores, entre ellos el Centro Zambrana de Valladolid, tras los episodios de amenazas y agresiones sufridos por parte del personal en los últimos años. Asimismo, en este centro ha anunciado "el refuerzo del funcionamiento interno, así como mejoras en la calidad asistencial y la seguridad de los centros, además de establecer criterios homogéneos de dotación profesional adecuados a la capacidad y características de cada recurso", ha aseverado.

La "consejería de desprotección" de Pollán

La oposición no ha tardado en reaccionar a los planes de Vox en Castilla y León, en este caso desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La portavoz socialista del área, Carmen Iglesias, criticó el programa presentado por el vicepresidente primero, al considerar que "recoge todas las capitulaciones de Mañueco ante la extrema derecha y no responde a las necesidades de los castellanos y leoneses". Desde el PSOE denunciaron que el reparto de competencias en materia de familia, inmigración y ayudas sociales supone un "desguace" del sistema de servicios sociales y recordó que el Consejo de Colegios de Trabajo Social de Castilla y León ha advertido de los riesgos que implica esta reorganización.

La socialista afirmó que "desguace competencial unido a desregulación, la Consejería de Carlos Pollán se va a convertir en la consejería de desprotección", y sostuvo que la inclusión social de los colectivos más vulnerables "no ha podido caer en peores manos". La procuradora socialista también acusó al Gobierno autonómico de asumir las políticas de Vox, que a su juicio, sigue las tesis libertarias del presidente argentino Javier Milei y pretende convertir Castilla y León en "una sucursal de ese laboratorio: motosierra, deriva y sálvese quien pueda". El PSOE criticó las declaraciones de Pollán sobre la acogida de menores migrantes, asegurando que reflejan "la visión brutal que tiene Vox de los derechos fundamentales y de su cruzada contra los inmigrantes".